Vargas no puede volver a ser olvidado

Después del terremoto, reconstruir no puede significar solamente levantar edificios. Significa devolverle un hogar a quienes todavía lo están esperando.

Han pasado casi tres meses desde aquel 24 de junio que cambió para siempre la vida de miles de venezolanos.

Y mientras La Guaira intenta levantarse entre edificios demolidos, estructuras comprometidas, calles afectadas y millones de toneladas de escombros, hay una pregunta que sigue pendiente:

¿Qué vamos a hacer con todo esto?

No hablo solamente de los escombros.

Hablo de las personas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó inicialmente 1,2 millones de toneladas de residuos. Posteriormente, la cifra fue actualizada a 2,1 millones de toneladas, equivalentes aproximadamente a 105.000 camiones de 20 toneladas.

El propio PNUD señala que su manejo exige evaluar riesgos, clasificar materiales, recuperar recursos reutilizables, identificar residuos peligrosos y garantizar su tratamiento y disposición final de manera segura.

Entonces la pregunta es inevitable:

¿Por qué pensar en los escombros únicamente como un problema que hay que retirar?

¿Por qué no convertir, cuando los estudios técnicos y ambientales lo permitan, una parte de ellos en materia prima para la propia reconstrucción?

Material procesado que pueda utilizarse, conforme a las especificaciones técnicas correspondientes, en determinadas obras de vialidad, infraestructura, rellenos ingenieriles u otros proyectos.

Que los escombros de Vargas puedan, cuando sea seguro y técnicamente viable, ayudar a reconstruir Vargas.

No se trata de utilizar indiscriminadamente todo lo que salió de una demolición.

Se trata de clasificar, separar, descontaminar, procesar y determinar técnicamente qué puede reutilizarse y qué debe recibir una disposición final adecuada.

Y aquí aparece otra preocupación.

Estamos hablando de una zona costera.

¿Qué contienen esos millones de toneladas de residuos?

¿Han sido clasificados?

¿Qué parte puede ser reutilizada?

¿Qué parte requiere un tratamiento especial?

¿Dónde están los sitios de disposición?

¿Qué medidas de contención existen?

¿Y qué ocurrirá cuando lleguen las lluvias?

Porque no basta con colocar los escombros a determinada distancia del mar. Hay que garantizar que la escorrentía, el viento u otros factores no terminen transportando materiales contaminantes hacia nuestras aguas.

La Ley de Gestión Integral de la Basura establece que la recolección, el aprovechamiento y la disposición final deben realizarse de manera sanitaria y ambientalmente segura, bajo principios como prevención, precaución, responsabilidad y sostenibilidad.

La ley existe.

Ahora necesitamos que se cumpla.

Pero hay algo todavía más importante.

No todos los edificios tienen que correr la misma suerte.

Los estudios de ingeniería deben determinar cuáles estructuras están colapsadas e irrecuperables, cuáles deben demolerse y cuáles pueden ser refaccionadas, rehabilitadas o reforzadas mediante las intervenciones estructurales que correspondan.

Y esto puede significar mucho para una familia.

Porque no todas las personas damnificadas necesitan una vivienda nueva.

Muchas necesitan recuperar la vivienda que ya tenían.

Necesitan que un equipo técnico determine si su edificio puede ser reforzado, rehabilitado y convertido nuevamente en un lugar seguro para vivir.

Necesitan financiamiento.

Necesitan asistencia técnica.

Necesitan seguridad.

Necesitan que sus propiedades sean protegidas mientras permanecen fuera de ellas.

Porque a la tragedia del terremoto no puede agregarse la tragedia del saqueo.

Y aquí aparece otra pregunta que no puede quedar sepultada entre los escombros:

¿Dónde están los planes para proteger las propiedades de quienes tuvieron que abandonarlas?

El Estado ha anunciado mecanismos de financiamiento para las familias cuyas viviendas colapsaron.

Al 4 de septiembre, el Banco de Venezuela informó la preaprobación de 1.682 créditos sociales para la restitución de viviendas principales de familias afectadas.

Pero también necesitamos saber:

¿Qué ocurre con quienes no perdieron completamente su vivienda, pero necesitan recursos para repararla, reforzarla y volver a habitarla con seguridad?

¿Existe para ellos un programa de financiamiento?

¿Quién asumirá el costo de las reparaciones estructurales?

¿Quién ayudará a las comunidades de propietarios a recuperar edificios que todavía pueden salvarse?

¿Quién garantizará que las familias puedan regresar a su territorio?

Porque Vargas no es solamente un lugar en el mapa.

Es una tierra donde nacieron personas.

Donde están sus padres, sus hijos y sus abuelos.

Donde están sus recuerdos, sus trabajos, sus amigos, sus iglesias, sus playas y sus muertos.

No podemos volver a pensar la reconstrucción sin pensar en el arraigo.

Vargas debe ser reconstruido pensando en su gente.

Y para eso no basta con retirar escombros.

Hay que revisar el territorio.

Hay que revisar los planes urbanos.

Hay que estudiar los suelos, los drenajes, las vías, los servicios, las zonas de riesgo y las condiciones de construcción.

Hay que aprender de lo ocurrido.

La legislación venezolana sobre ordenación territorial establece que la planificación debe considerar la prevención de riesgos naturales, la protección ambiental y la ubicación de infraestructura y asentamientos.

También exige considerar variables como drenajes, suelos, contaminación y condiciones geotécnicas en la planificación urbana.

Y el propio Plan de Recuperación anunciado con acompañamiento del PNUD contempla evaluación de daños, gestión ambiental de residuos, rehabilitación de viviendas e infraestructura y planificación territorial para una reconstrucción más segura, sostenible e inclusiva.

Entonces la pregunta ya no es si sabemos qué debemos hacer.

La pregunta es cuándo vamos a verlo convertido en realidad.

Porque mientras se habla de reconstrucción, hay personas que todavía esperan.

Mientras se retiran toneladas de concreto, hay familias que esperan una respuesta.

Mientras se demuelen edificios, hay otros que quizás podrían ser refaccionados.

Mientras se anuncian recursos para la recuperación, hay venezolanos que solamente están pidiendo algo mucho más elemental:

volver a tener una casa.

Y mientras las máquinas continúan retirando los restos de una ciudad herida, todavía hay familias que buscan a quienes no han regresado.

Los escombros tampoco son simplemente concreto.

Son recuerdos.

Son documentos.

Son fotografías.

Son pertenencias.

Y, para algunas familias, pueden representar todavía la última esperanza de encontrar a un ser querido.

Por eso, retirar los escombros debe hacerse con planificación, con respeto y con memoria.

Y reconstruir debe hacerse con algo todavía más importante:

con humanidad.

Hoy sabemos que la evaluación postdesastre presentada por el PNUD estima en hasta 21.000 millones de dólares las necesidades de recuperación del país y plantea la necesidad de reconstruir mejor, fortalecer la resiliencia y reducir las condiciones de riesgo.

Ante semejante dimensión, la pregunta por los recursos también es inevitable:

¿De dónde saldrá el dinero para reconstruir?

Y si el país vuelve a recibir ingresos e inversiones derivados de su principal recurso natural, la pregunta social debería ser igualmente inevitable:

¿Cuánto de esa riqueza llegará a quienes hoy no tienen techo?

¿Cuánto llegará a Vargas?

¿Cuánto a las viviendas?

¿Cuánto a las escuelas, hospitales, vialidad, agua y servicios?

¿Cuánto llegará a las familias que siguen esperando?

No se trata solamente de cuánto petróleo se produzca.

Se trata de cuánto bienestar puede producir esa riqueza para un pueblo que hoy necesita reconstruirse.

Porque los terremotos destruyen edificios.

Pero el abandono puede destruir también la esperanza.

Y Vargas no necesita que la olvidemos otra vez.

Necesita que la reconstruyamos.

No solamente sus calles.

No solamente sus edificios.

No solamente sus servicios.

Necesita que reconstruyamos la posibilidad de que su gente pueda volver a casa.

Porque reconstruir una ciudad no es levantar nuevamente sus paredes.

Es devolverle un hogar a quienes todavía lo están esperando.

Con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco de Venezuela y legislación venezolana consultada.

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Por: Susana Rincón Melo

Con palabras propias

Opinión, análisis y memoria, con mi voz y mi mirada.

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