¿Petróleo para Venezuela o Venezuela para el petróleo?

Hay noticias que no deberían leerse solamente con entusiasmo económico ni con rechazo político. Deberían leerse con la Constitución en la mano.

La noticia que hoy sacude a Venezuela es una de ellas.

Estados Unidos y el Gobierno interino venezolano han anunciado un gigantesco acuerdo petrolero que involucra 17 campos y reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles. Las cifras anunciadas hablan de más de 100.000 millones de dólares de inversión y de importantes ingresos fiscales para Venezuela.

Hasta allí, cualquiera podría preguntarse: ¿cómo no celebrar que llegue inversión a una industria petrolera devastada?

Pero cuando comienzan a conocerse los detalles, aparecen preguntas que no pueden ser silenciadas por el tamaño de la inversión.

Ahora se habla de derechos por cien años, de una participación estadounidense del 35% en la estructura empresarial, de acceso preferencial a parte de la producción y de mecanismos de control sobre la compañía que operará los campos.

Y entonces la pregunta deja de ser solamente económica.

Se convierte en constitucional.

Antes del petróleo está la República

La Constitución venezolana establece en su artículo 150 reglas para determinados contratos de interés público nacional y contempla supuestos que requieren aprobación de la Asamblea Nacional. El artículo 151 establece reglas sobre la jurisdicción aplicable a estos contratos, mientras que el artículo 247 contempla la intervención de la Procuraduría General de la República.

Por eso, antes de discutir si el acuerdo es bueno o malo, hay que preguntar algo elemental:

¿Cuál es exactamente el instrumento jurídico que se firmó?

¿Es un contrato de interés público nacional? ¿Es una licencia? ¿Es una concesión? ¿Es un conjunto de contratos petroleros? ¿Quién los suscribió? ¿Quién los autorizó? ¿Dónde está publicado el texto íntegro? ¿Intervino la Asamblea Nacional? ¿Intervino la Procuraduría? ¿Bajo qué jurisdicción se resolverán las controversias?

No son preguntas de oposición ni de oficialismo.

Son preguntas de Estado.

La nueva Ley de Hidrocarburos también importa

Venezuela reformó su Ley Orgánica de Hidrocarburos en enero de 2026. Esa reforma abrió nuevas modalidades de participación privada y reguló contratos para el desarrollo de actividades primarias.

Es decir: la legislación venezolana contempla una apertura mucho mayor a la inversión privada.

Pero abrir la puerta a la inversión no significa cerrar la puerta al control constitucional.

Una cosa es atraer capital.

Otra, muy diferente, es comprometer recursos estratégicos de la República durante generaciones.

Por eso también debe examinarse la seguridad jurídica del régimen bajo el cual se suscriben estos acuerdos y determinar, con documentos en mano, qué normas resultan aplicables.

¿Cien años?

Este es quizás el dato que más debería detenernos.

Cien años no son un período presidencial. Ni siquiera corresponden a una generación.

Es prácticamente una decisión intergeneracional.

Quienes nazcan dentro de veinte, treinta o cincuenta años podrían seguir viviendo bajo las consecuencias jurídicas y económicas de una decisión tomada hoy.

¿Puede un gobierno de transición comprometer durante un siglo recursos estratégicos de una nación cuya institucionalidad todavía está en proceso de reconstrucción?

No afirmo que la respuesta sea necesariamente negativa.

Afirmo que la respuesta debe ser jurídicamente demostrable.

Porque el petróleo no pertenece a un gobierno. No pertenece a una corriente política. No pertenece a Estados Unidos, Rusia o China. Tampoco pertenece a quienes circunstancialmente administren el Estado venezolano.

Pertenece a la Nación.

¿Y dónde queda la transición política?

Venezuela continúa atravesando una transición cuya legitimidad, alcance y destino político son objeto de debate.

El Gobierno estadounidense presenta el acuerdo petrolero como parte de una estrategia para estabilizar Venezuela y crear condiciones para una futura transición democrática. Pero también se ha informado que no se prevén elecciones inmediatas.

Entonces resulta inevitable preguntar:

¿Puede el respaldo de una potencia extranjera sustituir la legitimidad que solamente puede otorgar el orden constitucional y, finalmente, la voluntad popular?

No debería.

Una transición política no puede convertirse en una licencia para decidirlo todo en nombre de una nación que todavía espera recuperar plenamente sus mecanismos democráticos.

No se trata de defender a una persona, un partido o una ideología.

Se trata de defender un principio:

ningún venezolano debería aceptar que el futuro de Venezuela se negocie sin Venezuela.

¿Reconstrucción o geopolítica?

También sería ingenuo ignorar que el petróleo venezolano tiene un enorme valor geopolítico.

Estados Unidos quiere asegurar fuentes energéticas, reducir la influencia de Rusia y China, recuperar producción y garantizar suministro. Todo eso forma parte de los intereses de una potencia.

Pero Venezuela también tiene intereses legítimos.

Si Estados Unidos obtiene una posición privilegiada sobre una parte sustancial de la producción; si participa en la estructura empresarial; si tiene mecanismos de control y compra preferencial; y si una empresa privada obtiene derechos extraordinariamente prolongados sobre campos petroleros venezolanos, entonces la pregunta ya no puede ser solamente cuánto dinero entrará a Venezuela.

Tenemos que preguntar:

¿Cuánto valor quedará realmente en Venezuela?

¿Quién controlará la producción? ¿Quién auditará los costos? ¿Quién fiscalizará los impuestos? ¿Quién controlará las regalías? ¿Quién verificará las inversiones? ¿Quién responderá ante los venezolanos si dentro de diez años las condiciones económicas son distintas?

Porque también soy venezolana y soy contribuyente

Se habla de más de 100.000 millones de dólares de inversión y de alrededor de 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías durante los próximos años.

Pero una cifra anunciada no es todavía dinero en las arcas públicas. Y una proyección no es una recaudación.

Como abogada tributaria, no puedo dejar de preguntarlo:

¿Cuál será exactamente el régimen fiscal aplicable?

¿Cuánto corresponderá por regalías? ¿Cuánto por impuesto sobre la renta? ¿Qué beneficios fiscales podrán otorgarse? ¿Qué deducciones serán reconocidas? ¿Cómo se fiscalizarán los costos? ¿Quién determinará la base imponible? ¿Quién auditará? ¿Y dónde terminará ese dinero?

Venezuela no necesita solamente producir petróleo.

Necesita convertir la renta petrolera en hospitales, escuelas, infraestructura, seguridad, salarios dignos, pensiones, electricidad, agua, carreteras y oportunidades.

Necesita que la riqueza del subsuelo deje de convivir con la pobreza de quienes están sobre él.

No quiero otra Venezuela rica en petróleo y pobre en ciudadanos

No quiero volver a escuchar que Venezuela tiene enormes reservas petroleras mientras los venezolanos tienen que abandonar su país para buscar oportunidades.

No quiero que nos hablen nuevamente de miles de millones de barriles mientras nuestros hospitales carecen de recursos.

No quiero que la riqueza petrolera sea otra vez una cifra gigantesca en documentos y una ausencia gigantesca en la vida cotidiana.

No quiero que Venezuela vuelva a ser un subsuelo extraordinariamente rico habitado por ciudadanos extraordinariamente pobres.

Y tampoco quiero caer en el discurso fácil de llamar “saqueo” a todo acuerdo con inversión extranjera. Eso sería tan irresponsable como aceptar cualquier contrato solamente porque promete miles de millones.

Necesitamos algo mucho más serio:

El contrato.

La letra pequeña. Las garantías. Las obligaciones. Los mecanismos de fiscalización. Las condiciones económicas. La distribución de los ingresos. Las cláusulas de terminación. La jurisdicción. La responsabilidad frente a futuros gobiernos. La participación real del Estado venezolano. La protección del interés nacional.

Venezuela no puede firmar a oscuras

Lo más preocupante de esta noticia no es que llegue inversión extranjera. Venezuela la necesita.

Lo preocupante sería que la magnitud del acuerdo sea inversamente proporcional a la transparencia con la que se le explica al país.

Hoy conocemos detalles a través de anuncios oficiales y reportes periodísticos, pero necesitamos conocer el texto jurídico completo y verificable de los instrumentos que comprometen estos recursos.

Mientras no lo conozcamos, cualquier conclusión definitiva sobre su legalidad sería prematura.

Pero hacer preguntas no es prematuro.

Es obligatorio.

La soberanía no consiste en cerrar Venezuela al mundo. La soberanía consiste en que Venezuela pueda abrirse al mundo sin dejar de ser dueña de sus decisiones.

No se trata de estar con Trump ni contra Trump

Estados Unidos puede ser socio de Venezuela. Europa puede ser socio. China puede ser socio. India puede ser socio.

Cualquier país puede invertir en Venezuela bajo las condiciones que establezca el orden jurídico venezolano.

Pero ningún socio puede convertirse en dueño de nuestro destino.

Y ningún venezolano debería tener que escoger entre democracia y petróleo.

Necesitamos ambas cosas.

Necesitamos inversión, producción, empleo y tecnología. Necesitamos recuperar nuestra industria petrolera.

Pero también necesitamos instituciones, transparencia, control parlamentario cuando corresponda, fiscalización, justicia, elecciones libres y rendición de cuentas.

Porque reconstruir económicamente Venezuela sin reconstruir institucionalmente Venezuela sería construir una casa nueva sobre los mismos cimientos agrietados.

¿Estamos reconstruyendo Venezuela… o estamos negociando Venezuela?

Esta es la pregunta que me queda después de revisar las noticias de estas últimas horas.

No tengo todas las respuestas.

Y precisamente por eso escribo.

Venezuela ya ha vivido demasiados acuerdos explicados desde arriba, demasiadas decisiones tomadas en nombre del pueblo y demasiadas riquezas administradas sin que el ciudadano común pueda saber exactamente cuánto se produjo, cuánto se recaudó y dónde terminó.

Esta vez debería ser diferente.

Esta vez deberíamos exigir que cada dólar, cada barril y cada obligación contractual pueda ser explicado.

Que cada venezolano pueda entender qué se firmó. Que los juristas puedan examinarlo. Que los economistas puedan calcularlo. Que los tributaristas podamos fiscalizar sus consecuencias. Que los parlamentarios puedan ejercer sus competencias. Y que los ciudadanos podamos preguntar sin que se nos acuse de estar contra Venezuela.

Porque preguntar por el petróleo es preguntar por Venezuela.

Y yo no quiero solamente petróleo para Venezuela.

Quiero Venezuela para los venezolanos.

Ese debería ser el verdadero objetivo de cualquier transición, de cualquier inversión y de cualquier acuerdo.

No entregar el futuro.

Construirlo.

Nota de verificación jurídica

La legalidad definitiva del acuerdo no debe afirmarse sin examinar el instrumento contractual completo, su naturaleza jurídica, las autorizaciones correspondientes y las normas aplicables. El editorial distingue entre hechos reportados, análisis jurídico y preguntas que requieren respuesta institucional.

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Por: Susana Rincón Melo

Con palabras propias

Opinión, análisis y memoria, con mi voz y mi mirada.

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