Contestar el teléfono y descubrir que al otro lado hay una oferta de seguros, un cambio de operador o una promoción bancaria dejará de ser una escena habitual en Francia. A partir del 11 de agosto, las empresas ya no podrán realizar llamadas de telemarketing a personas que no hayan dado previamente su consentimiento.
La nueva ley, impulsada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, busca reducir las comunicaciones comerciales no deseadas, proteger la privacidad de los consumidores y combatir prácticas fraudulentas que afectan especialmente a personas mayores y otros grupos vulnerables.
Con esta medida, Francia pasa de un sistema en el que los ciudadanos debían inscribirse para no recibir llamadas a otro mucho más restrictivo: ahora serán las empresas las que deberán demostrar que cuentan con la autorización expresa del consumidor antes de ponerse en contacto.
Del «no me llamen» al consentimiento previo
Hasta ahora, los franceses que querían evitar las llamadas comerciales podían registrar su número en una lista oficial de exclusión. Sin embargo, organizaciones de consumidores denunciaban que numerosos centros de llamadas ignoraban ese registro y continuaban contactando a los usuarios.
La nueva legislación cambia completamente la lógica.
Desde su entrada en vigor, las empresas solo podrán llamar si el consumidor aceptó previamente recibir comunicaciones comerciales, por ejemplo al marcar una casilla de consentimiento durante una compra o al contratar un servicio.
Ese permiso también podrá retirarse en cualquier momento.
Multas de hasta 375.000 euros
Las sanciones previstas son severas.
Las personas responsables de realizar llamadas ilegales podrán enfrentar multas de hasta 75.000 euros, mientras que las empresas se exponen a sanciones de hasta 375.000 euros por incumplir la normativa.
Las únicas excepciones contempladas corresponden a clientes con una relación contractual vigente o a quienes hayan autorizado expresamente recibir ofertas comerciales.
Además, el Gobierno francés habilitó un portal oficial para que los ciudadanos denuncien llamadas no autorizadas.
Una tendencia que avanza en otros países
Francia no es el primer país en endurecer las reglas del telemarketing.
Alemania mantiene una prohibición similar desde 2009, mientras que Estados Unidos, Canadá y Reino Unido cuentan con registros nacionales donde los ciudadanos pueden solicitar que las empresas no los contacten con fines comerciales.
En muchos casos, el objetivo es el mismo: reducir el volumen de llamadas no deseadas y limitar las estafas telefónicas, que se han vuelto cada vez más sofisticadas gracias al uso de tecnologías capaces de automatizar miles de llamadas en pocos minutos.
Impacto más allá de Francia
La decisión también genera efectos económicos.
Marruecos, uno de los principales centros internacionales de atención telefónica para empresas francesas, estima que entre 40.000 y 50.000 empleos podrían verse afectados por la reducción de campañas de telemarketing destinadas al mercado francés.
El caso demuestra cómo una regulación pensada para proteger la privacidad de los consumidores puede tener repercusiones en industrias enteras dedicadas a la atención comercial a distancia.
Más allá de Francia, el debate sobre el equilibrio entre las estrategias de venta y el derecho de las personas a decidir quién puede contactarlas continúa creciendo en distintos países.
Con información de AP y del Gobierno de Francia.
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