España aprueba nuevas medidas para frenar la crisis de vivienda: estas son las claves

El Gobierno de España aprobó nuevamente este martes un paquete de medidas para afrontar la crisis de vivienda, después de que el Congreso rechazara la semana pasada dos decretos similares. Las iniciativas buscan ampliar la protección de los inquilinos, limitar algunas prácticas especulativas y facilitar el acceso a una vivienda, aunque todavía deben ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso.

Entre las medidas destaca la ampliación de la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. La normativa contempla suspensiones de estos procedimientos hasta el 31 de diciembre de 2030 en determinados casos, con excepciones para propietarios que también se encuentren en situación de vulnerabilidad y tengan dos o menos viviendas.

El nuevo paquete también busca modificar las condiciones del alquiler temporal y de habitaciones. Los contratos temporales deberán justificar la causa que motiva la estancia y, como regla general, tendrán una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses. Además, cuando una vivienda se alquile por habitaciones, la suma de las rentas no podrá superar el precio que correspondería al alquiler de la vivienda completa.

Otra de las medidas está dirigida a quienes buscan comprar su primera vivienda. El programa denominado TU CASA contempla préstamos a tipo de interés cero para financiar hasta 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros. El mecanismo podrá complementar la financiación obtenida mediante una hipoteca u otras vías y tendrá condiciones específicas sobre la vivienda adquirida.

Para los contratos de alquiler vigentes también se plantea una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados inquilinos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Durante ese período deberán mantenerse los términos del contrato vigente, mientras que el propietario podrá quedar exento en situaciones como la necesidad acreditada de recuperar la vivienda para sí mismo o determinados familiares.

El Gobierno también incorporó medidas para intentar movilizar viviendas vacías. Los ayuntamientos podrán establecer recargos en el impuesto sobre bienes inmuebles, conocido como IBI, que podrían alcanzar hasta 150% en determinados casos de propietarios con varias viviendas que permanezcan desocupadas durante más de tres años.

Las nuevas reglas incluyen además restricciones para determinadas operaciones inmobiliarias realizadas por sociedades, fondos y otras entidades. Hasta finales de 2028, estas empresas tendrán limitaciones para adquirir viviendas por debajo de 70% de su valor de tasación, salvo determinadas excepciones vinculadas con vivienda social, asequible o atención a colectivos vulnerables.

En materia fiscal, el paquete modifica la tributación de las sociedades inmobiliarias cotizadas, conocidas como SOCIMI, cuando sus beneficios procedan del alquiler residencial. El gravamen pasa de 15% a 25%, aunque contempla reducciones vinculadas con la cantidad de viviendas que estas empresas destinen al alquiler bajo criterios de asequibilidad.

La nueva ofensiva del Gobierno llega después de semanas de fuerte presión social por el acceso a la vivienda. El caso de una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que había vivido durante décadas se convirtió en uno de los símbolos de la crisis y contribuyó a impulsar protestas en distintas ciudades españolas. En Barcelona, una movilización terminó además con incidentes y enfrentamientos con la Policía.

El contexto político también es determinante. El presidente Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre después de que el Congreso rechazara las anteriores propuestas de vivienda. Con las Cortes disueltas, el Gobierno busca ahora que las medidas sean convalidadas por la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias durante el período electoral.

Así, la crisis de vivienda se mantiene como uno de los principales asuntos de la agenda española. Las nuevas medidas intentan actuar sobre varios frentes al mismo tiempo: proteger a determinados inquilinos vulnerables, aumentar la estabilidad de los contratos, regular modalidades de alquiler que han reducido la oferta residencial y facilitar el acceso a la primera vivienda. Su aplicación definitiva dependerá ahora de la convalidación parlamentaria correspondiente.

Con información de AP

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