OFAC abre la puerta a contratos bajo ley venezolana en sectores estratégicos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó este jueves varias licencias relacionadas con Venezuela y eliminó un requisito que obligaba a que determinados contratos autorizados con el Gobierno venezolano se interpretaran de acuerdo con las leyes de un estado u otra jurisdicción de Estados Unidos.

El cambio afecta a licencias generales relacionadas con operaciones de petróleo, gas, petroquímica, minerales, suministro de bienes y servicios y telecomunicaciones. Entre ellas se encuentran las licencias 46D, 47B, 48C, 50C, 51C, 52B, 54B y 61A.

OFAC explicó que la modificación responde a las reformas relacionadas con la inversión realizadas por el Gobierno de Venezuela desde enero de 2026 y señaló que Estados Unidos continúa respaldando los esfuerzos de empresas estadounidenses para reinvertir en Venezuela.

La decisión supone un cambio relevante en las condiciones bajo las cuales determinadas empresas pueden estructurar contratos con el Gobierno venezolano y otras entidades bloqueadas contempladas en las licencias.

Los contratos podrán regirse por la ley venezolana

La principal modificación está relacionada con la llamada cláusula de elección de ley.

A partir del 27 de agosto, los contratos autorizados bajo estas licencias ya no tienen que incluir una disposición que establezca que sus términos serán interpretados y regidos por las leyes de Estados Unidos. OFAC confirmó expresamente que las partes ya no están obligadas a incluir esa elección de ley.

Esto abre la posibilidad de que un contrato pueda regirse por la legislación venezolana, dependiendo de lo que acuerden las partes.

El abogado José Ignacio Hernández señaló que el cambio permite resolver una tensión que existía entre las disposiciones estadounidenses sobre elección de ley y el marco jurídico venezolano. A su juicio, el nuevo escenario plantea a Venezuela el reto de mejorar su legislación para ofrecer mayores garantías a los inversionistas privados.

Sin embargo, la modificación no significa que las empresas queden obligadas a resolver sus controversias en Venezuela.

OFAC mantiene una condición específica: los contratos comprendidos en estas licencias deben establecer que los procedimientos de resolución de controversias relacionados con el contrato o su incumplimiento se realicen en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.

La propia OFAC aclara que esta exigencia se refiere al lugar donde se desarrollará el procedimiento para resolver una disputa y no a la legislación que gobierna el contrato.

¿Qué sectores están involucrados?

Los cambios abarcan varias áreas consideradas estratégicas para la recuperación económica venezolana.

La Licencia General 50C autoriza determinadas transacciones relacionadas con operaciones de los sectores de petróleo y gas en Venezuela, mientras que la 52B contempla determinadas operaciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA). La 51C está relacionada con minerales venezolanos, incluido el oro, y la 54B con el suministro de bienes y servicios para operaciones mineras.

También fueron modificadas licencias relacionadas con petróleo y productos petroquímicos de origen venezolano, la venta de diluyentes estadounidenses a Venezuela y el suministro de determinados bienes y servicios.

En telecomunicaciones, OFAC actualizó la Licencia General 61A, que autoriza determinados bienes y servicios relacionados con ese sector.

Más flexibilidad para los diluyentes

La modificación también incorpora cambios en las condiciones para la venta de diluyentes estadounidenses a Venezuela.

La Licencia General 47B autoriza la venta de determinados diluyentes de origen estadounidense y elimina el requisito de que estos productos sean adquiridos de una entidad estadounidense establecida específicamente bajo las condiciones anteriores.

El cambio amplía las posibilidades de estructurar estas operaciones y ofrece mayor flexibilidad a las empresas que participan en ellas.

En paralelo, la Licencia General 46D contempla determinados mecanismos de intercambio relacionados con petróleo de origen venezolano, diluyentes, productos refinados y servicios logísticos.

Las restricciones que permanecen

La flexibilización tampoco supone que desaparezcan todas las condiciones impuestas por Estados Unidos.

OFAC mantiene, entre otras medidas, la obligación de que determinados pagos derivados de transacciones autorizadas con entidades bloqueadas sean depositados en los fondos establecidos por el Departamento del Tesoro para gobiernos extranjeros. Existen excepciones para determinados pagos relacionados con impuestos, permisos y tasas locales.

También continúan las restricciones sobre determinadas formas de pago consideradas no razonables comercialmente y otras condiciones establecidas en cada licencia.

Además, la exigencia sobre la jurisdicción para resolver controversias continúa vigente: Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.

El cambio llega mientras aumenta el interés por Venezuela

La modificación de OFAC ocurre en un momento en que Washington y Caracas avanzan en conversaciones para ampliar la participación de empresas privadas en la industria venezolana.

Reuters reportó esta semana que la administración de Donald Trump negocia con Venezuela un acuerdo para asegurar acceso a largo plazo a determinadas reservas petroleras, con participación de empresas estadounidenses en el desarrollo de campos seleccionados. Según ese reporte, se encuentran en negociación al menos 17 campos, algunos ubicados en la Faja del Orinoco y el lago de Maracaibo.

Axios también informó que la administración Trump negocia una participación en más de una docena de campos petroleros productivos venezolanos, con reservas que rondarían los 90.000 millones de barriles. El acuerdo todavía no está cerrado.

En ese contexto, la modificación de las licencias de OFAC elimina una barrera contractual que podía dificultar la estructuración de nuevas inversiones.

El cambio, por tanto, no equivale por sí mismo a un levantamiento general de las sanciones, pero sí representa una flexibilización concreta del marco bajo el cual determinadas empresas pueden operar e invertir en Venezuela.

Con información de OFAC, Reuters y Axios.

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